México enfrenta una crisis creciente de desplazamiento forzado interno sin contar con un marco legal federal que reconozca y atienda a las víctimas. A pesar de que más de 100 mil personas han sido obligadas a abandonar sus hogares en los últimos ocho años, el Senado de la República mantiene sin avance la minuta aprobada por la Cámara de Diputados para crear la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno.
Esta iniciativa, detenida desde septiembre de 2020, contempla medidas esenciales como la creación de un Registro Nacional de Desplazados, un Programa Nacional de Prevención y Atención, un Fondo Nacional para la atención integral, así como el acceso garantizado a servicios médicos, educativos, empleo, seguridad y reposición de documentos. Sin esta legislación, no existen protocolos claros ni presupuestos etiquetados que definan responsabilidades entre autoridades federales y estatales.
Expertos en derechos humanos advierten que la falta de una ley federal agrava la vulnerabilidad de las víctimas, principalmente poblaciones indígenas, niñas y niños, quienes enfrentan barreras para acceder a educación y servicios básicos en los lugares donde buscan refugio. Actualmente, solo Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Zacatecas y Oaxaca cuentan con leyes estatales sobre desplazamiento interno, lo que deja a la mayoría del país sin protección jurídica.
Las cifras revelan la magnitud del problema:
- 100 mil personas desplazadas entre 2016 y 2024, según la CMDPDH.
- 346 mil 945 desplazados entre 2006 y 2019.
- Un aumento del 129% en 2024, pasando de 12,623 a 28,900 personas, según el estudio Travesías Forzadas de la Universidad Iberoamericana.
Las principales causas son la violencia del crimen organizado, enfrentamientos por control territorial, amenazas directas y ataques armados. Estados como Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero concentran los mayores índices de desplazamiento, con casos extremos como el éxodo de 600 personas hacia Guatemala por la disputa de rutas del narcotráfico.
Aunque México se adhirió en diciembre de 2024 a la Declaración y Plan de Acción de Chile 2024-2034, que busca fortalecer la protección regional a personas desplazadas, la falta de una ley federal impide cumplir con estos compromisos internacionales.
Para despachos jurídicos especializados en derechos humanos y litigio estratégico, esta situación representa un área crítica de intervención. La asesoría legal en protección de víctimas de desplazamiento forzado, así como el acompañamiento en procesos de exigibilidad ante autoridades, será clave para garantizar derechos fundamentales en medio de esta crisis.
