El Senado de la República aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Extorsión, una reforma histórica que busca unificar el marco jurídico y fortalecer la persecución de este delito en todo el país. Con 110 votos a favor, el dictamen fue avalado con 20 modificaciones en 15 artículos, marcando un avance significativo en la lucha contra la extorsión en México.
Uno de los cambios más relevantes establece que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, eliminando la necesidad de que la víctima presente denuncia. Esto significa que el Estado mexicano asumirá la responsabilidad de investigar y sancionar en cuanto tenga conocimiento del hecho, garantizando una respuesta más eficaz ante este ilícito.
La nueva ley también crea un tipo penal único y homologado a nivel nacional, eliminando la dispersión normativa en los códigos penales estatales. El tipo penal básico contempla penas de 15 a 25 años de prisión, mientras que las agravantes severas podrán alcanzar hasta 42 años, evitando reducciones que permitan liberaciones anticipadas.
El dictamen prevé la creación de unidades especializadas en las fiscalías, con ministerios públicos, policías y analistas capacitados y certificados para investigar este delito. Esta medida busca reducir los niveles de impunidad y garantizar investigaciones más sólidas.
Aunque algunos legisladores expresaron reservas sobre la falta de presupuesto y la capacidad operativa de las fiscalías, todos los grupos parlamentarios votaron a favor. Tras su aprobación, el proyecto será devuelto a la Cámara de Diputados para continuar con el proceso legislativo.
La implementación de esta ley representa un reto y una oportunidad para despachos jurídicos especializados en derecho penal y compliance, ya que las empresas deberán reforzar sus protocolos internos para prevenir riesgos asociados a la extorsión y cumplir con las nuevas disposiciones legales.