Santiago de Querétaro, Qro., 21 de agosto de 2025. En un esfuerzo por fortalecer el marco jurídico que regula la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro, diputados del grupo parlamentario de Morena presentaron una iniciativa de reforma que busca atender de manera integral el estrés hídrico y garantizar el derecho humano al agua.
Los legisladores Eric Silva Hernández, Blanca Flor Benítez Estrada, Rosalba Vázquez Munguía y María Eugenia Margarito Vázquez propusieron modificar 19 artículos de la actual ley, con el objetivo de establecer una normativa sólida, transparente y consensuada con la sociedad civil, colectivos ambientalistas y expertos técnicos.
Entre los puntos más relevantes de la propuesta destacan:
- Prohibición del uso de aguas residuales para consumo humano, alineando la legislación estatal con la NOM-127.
- Facultades ampliadas para la Comisión Estatal de Aguas (CEA), permitiéndole reducir o cancelar concesiones en casos de sequía o riesgo hídrico.
- Creación de un registro público de concesiones y asignaciones de agua, tanto estatales como federales, para garantizar la transparencia.
- Condicionamiento de concesiones según la disponibilidad hídrica, priorizando el uso doméstico sobre el industrial.
- Sanciones claras por incumplimiento de normas sanitarias y manejo inadecuado de aguas residuales.
La diputada Blanca Benítez, representante de municipios serranos, subrayó la necesidad de que los ingresos de la CEA se destinen obligatoriamente a infraestructura hídrica, especialmente en zonas marginadas como la Sierra Gorda. Además, propuso la creación de un órgano independiente de vigilancia ciudadana para supervisar el uso de recursos y evitar la opacidad en la gestión.
Otro aspecto crucial de la reforma es la regulación de tarifas, buscando criterios justos que no afecten a las familias vulnerables. “Hay contratos que alcanzan hasta los 50 mil pesos, incluso en zonas de alta marginación”, señaló la legisladora.
Esta iniciativa representa un paso importante hacia una gestión hídrica sustentable, equitativa y con enfoque en derechos humanos, y abre la puerta a un diálogo amplio entre gobierno, sociedad civil y sector privado.