Gobierno de México y aseguradoras alcanzan acuerdo sobre el litigio del IVA: implicaciones fiscales y legales

En un paso significativo hacia la resolución de uno de los litigios fiscales más relevantes del sector asegurador, el Gobierno de México ha formalizado un acuerdo con las aseguradoras involucradas en disputas por el cobro indebido del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Este pacto, incorporado como reserva en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, busca corregir prácticas fiscales irregulares y establecer nuevas obligaciones para las empresas de seguros.

Durante años, las aseguradoras cobraron el IVA sobre las primas de seguros en casos de siniestros, acreditando dicho impuesto ante el fisco como si fuera parte de sus propias obligaciones fiscales. Sin embargo, este IVA corresponde realmente a los hospitales y talleres mecánicos que prestan los servicios derivados del accidente, según explicó el diputado Reginaldo Sandoval.

La autoridad fiscal detectó que, bajo esta interpretación, las aseguradoras dejaron de enterar al fisco aproximadamente 175,000 millones de pesos. Ante esta situación, se propuso una reforma al artículo 25 de la LIF, que ahora establece que no será acreditable el IVA pagado en la adquisición de bienes o servicios destinados a cumplir con contratos de seguros, cuando la indemnización consista en el resarcimiento de daños o reposición del bien siniestrado.

El acuerdo contempla un estímulo fiscal para las aseguradoras que decidan desistirse de los juicios fiscales en curso. Este estímulo equivale al 100% de los recargos derivados del IVA no enterado, siempre que las empresas regularicen su situación fiscal antes del 31 de marzo de 2026. Además, se permitirá el pago en parcialidades, facilitando el cumplimiento de las nuevas disposiciones.

No obstante, no podrán acceder al beneficio fiscal aquellas aseguradoras que tengan condenas por delitos fiscales, estén incluidas en la lista de empresas factureras o tengan cancelados sus certificados de facturación.

Este acuerdo representa un precedente importante en la relación entre el Estado y el sector asegurador, especialmente tras casos emblemáticos como el de Axa, que incluso presentó un arbitraje internacional contra el gobierno mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.