La discusión sobre la nueva Ley General de Aguas en México ha entrado en una fase decisiva. El Congreso de la Unión ha abierto un proceso de Parlamento Abierto con foros regionales que permitirán confrontar y enriquecer las cuatro iniciativas legislativas actualmente en revisión, en un contexto marcado por la crisis hídrica nacional y la exigencia de una gestión democrática del recurso.
Entre los actores más activos en este proceso se encuentra la Coordinadora Nacional Agua para Tod@s, Agua para la Vida, integrada por 82 organizaciones sociales, junto con las Contralorías Autónomas del Agua y la Red Nacional de Sistemas Comunitarios. Estas agrupaciones celebraron la disposición de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados para abrir el diálogo legislativo a comunidades, especialistas y autoridades locales.
Las iniciativas en debate
De las cuatro propuestas en análisis:
- Tres fueron presentadas por legisladores de Morena y PT, entre ellos Xóchitl Zagal Ramírez, Hugo de la Rosa García, Reginaldo Sandoval Flores, José Narro Céspedes y Dolores Padierna Luna.
- La cuarta iniciativa fue registrada por el Ejecutivo Federal el pasado 2 de octubre de 2025.
Las propuestas legislativas de Morena y PT comparten principios clave como:
- La abrogación de la Ley de Aguas Nacionales vigente.
- La prohibición de la privatización del agua.
- El reconocimiento de los derechos indígenas.
- La creación de órganos de gestión con representación amplia y comunitaria.
En contraste, la iniciativa del Ejecutivo propone mantener la legislación actual, con ajustes de lenguaje incluyente y nuevas sanciones. No obstante, organizaciones sociales han señalado como punto crítico la figura de las “reasignaciones”, que sustituirían la compraventa de concesiones y podrían centralizar decisiones en la Conagua, sin criterios claros de evaluación.
Demandas por justicia hídrica
Las organizaciones participantes han planteado cinco medidas mínimas para garantizar una legislación con enfoque de justicia hídrica:
- Eliminar el capítulo de inversión privada en infraestructura federal, por considerarlo ineficiente y costoso.
- Sustituir los Consejos de Cuenca por Consejos Regionales mixtos, con participación comunitaria.
- Reemplazar los mercados de agua por procesos de planeación consensuada.
- Corregir el sobre concesionamiento y acaparamiento del recurso, vinculando padrones y registros.
- Fortalecer el papel de la Conagua mediante lenguaje normativo imperativo, que obligue a defender el interés público.