En una decisión histórica, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, otorgando al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General contra la Extorsión. Esta iniciativa, que ahora pasa al Senado de la República, busca establecer un marco jurídico uniforme para enfrentar uno de los delitos de mayor crecimiento en el país.
¿Por qué es urgente una ley contra la extorsión?
La extorsión, considerada un delito de alto impacto, ha sido utilizada sistemáticamente por el crimen organizado, afectando principalmente a negocios y comercios. Expertos como David Saucedo advierten que este delito se ha convertido en una forma de “impuesto criminal”, con modalidades que van desde el cobro de piso hasta engaños telefónicos.
Según datos presentados por el diputado Héctor Saúl Téllez, entre 2019 y 2024 se registró un promedio anual de 9,407 carpetas de investigación por extorsión, con un crecimiento del 46.1% respecto a sexenios anteriores. En 2023, se cometieron 4.9 millones de delitos de extorsión, concentrándose el 71% en Veracruz, Estado de México y Nuevo León.
Elementos clave de la futura legislación
La diputada Laura Hernández García subrayó la importancia de incluir en el proceso legislativo a víctimas, académicos y organizaciones defensoras de derechos humanos, para garantizar una ley efectiva y respetuosa de los derechos fundamentales.
Por su parte, el diputado Alejandro Domínguez destacó la necesidad de asignar recursos presupuestales específicos, personal capacitado y herramientas jurídicas adecuadas, ya que sin estos elementos, cualquier ley corre el riesgo de quedar en letra muerta.
Además, se busca homologar las penas en todo el país, ya que actualmente existe una gran disparidad entre entidades federativas: mientras en Oaxaca y Yucatán las penas mínimas son de 1 a 3 años, en Chihuahua pueden alcanzar hasta 30 años de prisión.
¿Qué sigue?
Una vez que la reforma entre en vigor, el Congreso tendrá un plazo máximo de 180 días para expedir la Ley General contra la Extorsión, lo que representa una oportunidad crucial para fortalecer el Estado de Derecho, proteger a la ciudadanía y frenar el avance del crimen organizado.