El Senado de la República aprobó la Ley General de Economía Circular, una normativa que busca transformar el modelo de producción y consumo en México hacia un esquema sostenible. Tras su aval en lo general y lo particular, el dictamen fue remitido al Ejecutivo Federal para su publicación.
La nueva legislación establece medidas para reducir la generación de residuos, impulsar el reciclaje y extender la vida útil de los productos, con el objetivo de disminuir las más de 127 mil toneladas de basura que se producen diariamente en el país. Además, contempla la creación de un Programa Nacional de Economía Circular que promoverá políticas públicas orientadas a la disminución del impacto ambiental y al desarrollo económico responsable.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tendrá la facultad de otorgar el Distintivo Nacional de Economía Circular, que identificará los productos que cumplan con los principios establecidos en la ley.
Durante la discusión, legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieron en la importancia de esta reforma. Desde Morena, el senador Armando Ayala Robles destacó que la ley permitirá alargar la vida útil de los materiales y reducir la presión sobre los recursos naturales. Por su parte, el senador Francisco Javier Ramírez Acuña (PAN) respaldó la iniciativa, aunque advirtió que no resolverá por sí sola los problemas de infraestructura, como el deterioro de redes hidráulicas y plantas de tratamiento inoperantes.
La senadora Maki Esther Ortiz Domínguez (PVEM) subrayó que México recicla apenas entre 9 y 10% de sus desechos, frente a países que alcanzan hasta el 80%, lo que evidencia la necesidad de un cambio estructural. Otros legisladores, como Anabell Ávalos Zempoalteca (PRI) y Geovanna Bañuelos (PT), coincidieron en que la economía circular es clave para enfrentar la escasez de recursos, reducir riesgos sanitarios y fortalecer la innovación industrial.
Con esta ley, México busca dejar atrás el modelo lineal y avanzar hacia un sistema que priorice la prevención, la responsabilidad compartida del productor, el reconocimiento de recicladores y una implementación gradual que permita cerrar la brecha frente a economías más avanzadas.