La Cámara Minera de México (Camimex) alertó sobre los riesgos que implican los cambios propuestos a la Ley de Aguas Nacionales, especialmente en la redacción del Artículo 118, que podría generar graves afectaciones a la minería en México. De aprobarse, esta modificación prácticamente impediría la construcción de instalaciones mineras en gran parte del territorio nacional, particularmente en zonas montañosas, donde se ubican la mayoría de las minas. Esta restricción amenaza la continuidad operativa del sector y la producción de metales y minerales esenciales para la economía mexicana, afectando a más de 3 millones de familias que dependen directa o indirectamente de la actividad minera.
Camimex considera que esta prohibición carece de sustento técnico y advierte que, de mantenerse, México podría convertirse en un país dependiente de la importación de minerales, debilitando su competitividad internacional. La industria minera formal en México opera bajo estrictos estándares ambientales: no realiza descargas tóxicas en cuerpos de agua y gestiona sus residuos mediante infraestructura especializada, aprobada y supervisada conforme a la normatividad nacional e internacional. Estas obras son esenciales para garantizar un manejo seguro y responsable del agua, sin implicar riesgos para la salud ni el medio ambiente.
En su Informe de Sostenibilidad 2025, Camimex destacó que el 71% del agua utilizada por sus agremiados proviene de procesos de reúso y recirculación, y que el volumen concesionado al sector representa apenas el 0.27% del total nacional, cifra que se reducirá al 0.22% en 2025. Además, las empresas mineras se han comprometido a devolver 30.2 millones de metros cúbicos de agua en el marco del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, así como a impulsar inversiones para el uso eficiente y el reúso de aguas residuales.
Camimex reitera la necesidad de que la reforma a la Ley de Aguas contemple criterios técnicos y reconozca las acciones que realiza la industria para garantizar un uso eficiente y responsable del recurso hídrico. El organismo mantiene su disposición para colaborar con el Gobierno de México en la construcción de un marco regulatorio que proteja el medio ambiente sin frenar el desarrollo de sectores estratégicos como la minería.