El Gobierno de México, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha iniciado una investigación sobre presuntas prácticas de lavado de dinero en casinos digitales que operan en el país. La presidenta de México ha revelado detalles sobre el modus operandi utilizado por algunas empresas del sector para encubrir movimientos financieros irregulares.
Durante una reciente declaración, la mandataria explicó cómo individuos con ingresos mensuales modestos, de aproximadamente 8 mil pesos, aparecen repentinamente con depósitos millonarios en sus cuentas bancarias. Según la UIF, estos fondos se justifican como supuestas ganancias en juegos de azar, aunque en muchos casos se trata de suplantación de identidad y operaciones simuladas. El dinero, una vez “blanqueado”, es transferido al extranjero y posteriormente reingresado al país mediante complejos esquemas financieros.
Ante esta situación, el Ejecutivo federal ha anunciado su intención de reformar la legislación vigente sobre casinos digitales en México, con el objetivo de cerrar brechas legales que permiten estas prácticas ilícitas. La propuesta busca establecer mecanismos de control más estrictos, mejorar la transparencia financiera y fortalecer la supervisión de operaciones electrónicas de apuestas.
Este escenario plantea importantes desafíos y oportunidades para los despachos jurídicos especializados en derecho financiero, cumplimiento normativo y prevención de lavado de dinero. La posible reforma de ley para casinos digitales requerirá un análisis profundo de los marcos regulatorios actuales, así como asesoría legal experta para empresas del sector que deseen adaptarse a las nuevas disposiciones.