Con 456 votos a favor y cero en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Extorsión, una iniciativa que busca homologar el tipo penal a nivel nacional y fortalecer el combate a este delito, incluyendo su incorporación al catálogo de ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
La nueva legislación, que aún se encuentra en discusión en lo particular, también contempla modificaciones al Código Penal Federal y establece un marco normativo unificado para enfrentar la extorsión desde una sola estrategia jurídica y operativa.
Principales aspectos de la ley aprobada
- Prisión preventiva oficiosa para quienes cometan el delito de extorsión.
- Homologación del tipo penal en todo el país, eliminando diferencias entre legislaciones estatales.
- Sanciones penales de entre 6 y 15 años de prisión para el tipo básico, con agravantes que pueden aumentar la pena hasta en una tercera parte.
- Extinción de dominio limitada: no aplicará a bienes que ya hayan sido abandonados en favor del Estado o decomisados mediante sentencia firme.
Durante la sesión, se acordó aprobar una reserva conjunta presentada por los grupos parlamentarios de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, que introduce ajustes clave, como la reducción de penas para servidores públicos que no denuncien el delito. La propuesta original contemplaba de 10 a 20 años de prisión, mientras que la reserva aprobada reduce la sanción a un rango de 5 a 10 años.
Debate legislativo y preocupaciones sindicales
El dictamen fue respaldado por la mayoría de los grupos parlamentarios, aunque se expresaron preocupaciones específicas. El diputado César Alejandro Domínguez (PRI) advirtió que una de las agravantes podría afectar a sindicatos y asociaciones, al sancionar con mayor severidad a quienes, en nombre de estas organizaciones, coaccionen a víctimas para contratar bienes o servicios.
Por su parte, la diputada Mary Carmen Bernal (PT) reconoció que la ley puede perfeccionarse con el tiempo y anticipó que su bancada propondrá una adición al artículo 15, para sancionar también la tentativa de extorsión, incluso si el delito no se consuma.
Implicaciones jurídicas y operativas
La aprobación de esta ley representa un paso importante en la armonización del derecho penal mexicano, al establecer un marco legal uniforme para un delito que ha crecido en incidencia y complejidad. También refuerza la capacidad del Estado para actuar de forma coordinada y eficaz, al eliminar vacíos legales y diferencias entre entidades federativas.