Este lunes 29 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, enviará al Congreso una propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas, con el objetivo de garantizar el acceso equitativo al recurso hídrico y reforzar el papel del Estado como regulador.
La iniciativa busca eliminar la visión mercantil del agua, prohibiendo la transmisión de concesiones entre particulares y estableciendo sanciones más severas para quienes incurran en uso indebido, robo o falsificación de títulos de concesión. Además, se puntualizan las atribuciones de la federación, estados, municipios y concesionarios, fortaleciendo el marco jurídico en materia de derecho administrativo y ambiental.
Como parte del Programa de Ordenamiento de Concesiones de Agua, se han revisado más de 482 mil títulos, detectando más de 58 mil inconsistencias, entre ellas: uso indebido de concesiones, coordenadas erróneas, duplicidad de títulos y presunta falsificación. Estas acciones han derivado en 490 clausuras y suspensiones, evidenciando la necesidad de una reforma estructural.
También se presentó el Portal de Denuncias de Aguas Nacionales (PODAN), una herramienta digital que permite a la ciudadanía reportar irregularidades en el uso del agua, fortaleciendo la transparencia y participación ciudadana en la gestión de recursos naturales.
La reforma contempla la creación de una Ventanilla Única para trámites relacionados con el agua, así como el Registro Nacional de Agua para el Bienestar (RENAB), instrumentos que facilitarán la regularización y fiscalización de concesiones.
Este nuevo marco legal representa una oportunidad para el sector jurídico en áreas como:
- Asesoría en concesiones de agua
- Derecho ambiental y sustentabilidad
- Litigios administrativos por uso indebido
- Cumplimiento normativo (compliance)
- Consultoría en trámites ante Conagua