El Senado de la República se prepara para discutir una reforma constitucional que permitirá la creación de una Ley General en Materia de Extorsión, con el objetivo de establecer un marco legal uniforme en todo el país. Esta iniciativa, impulsada por la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, busca fortalecer el combate a uno de los delitos de mayor impacto social: la extorsión.
La propuesta, ya aprobada por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública y Estudios Legislativos, reforma el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en esta materia. Una vez avalada por el Senado y los congresos estatales, la reforma entrará en vigor, marcando un hito en la armonización del sistema penal mexicano.
En el documento enviado por la titular del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo, se destaca que la falta de homologación de penas ha sido uno de los principales obstáculos para combatir eficazmente este delito. Actualmente, las sanciones por extorsión varían entre los códigos penales federal y locales, con penas mínimas de 4 años y 6 meses, y máximas de hasta 12 años.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), encabezado por Marcela Figueroa, la incidencia de extorsión presenta una alta concentración en entidades como Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León, que acumulan el 61.8 % de las víctimas registradas entre 2024 y enero de 2025.
A pesar de que en 2023 se reportaron 10,946 víctimas y en 2024 la cifra fue de 10,862, especialistas advierten que la cifra negra podría ser considerablemente mayor. De acuerdo con la bancada de Movimiento Ciudadano, entre 2023 y 2024 se habrían registrado hasta 4.9 millones de casos de extorsión, con una tasa de 5,213 por cada 100 mil habitantes. El 85.6 % de estos casos fueron extorsiones telefónicas, y en el 12.9 % las víctimas realizaron algún tipo de pago.
Esta reforma representa una oportunidad para que los despachos jurídicos especializados en derecho penal y asesoría legal en delitos patrimoniales se posicionen como actores clave en la defensa de víctimas y en la interpretación de la nueva legislación.