La Ley CHIPS de Estados Unidos, con una inversión inicial de 52 mil millones de dólares y una proyección total de 280 mil millones, marca un punto de inflexión en la industria global de semiconductores. Esta legislación no solo busca fortalecer la autosuficiencia tecnológica de EE. UU., sino que también redefine las reglas del juego en la geopolítica industrial.
Desde una perspectiva jurídica y estratégica, el impacto de esta ley trasciende lo técnico. La narrativa oficial promueve la independencia frente a China, pero plantea interrogantes sobre la viabilidad de una producción nacional aislada en un ecosistema profundamente interconectado. Las implicaciones legales de esta postura podrían afectar tratados internacionales, acuerdos comerciales y estándares tecnológicos multilaterales.
México: ¿actor periférico o socio estratégico?
Para México, la Ley CHIPS representa tanto un desafío como una oportunidad. Con una base manufacturera sólida en sectores como el automotriz, aeroespacial y electrónica, el país tiene el potencial de posicionarse como un aliado clave en las etapas de ensamblado, prueba y empaquetado (ATP) de semiconductores.
Sin embargo, para capitalizar esta oportunidad, se requiere una estrategia nacional coordinada, que articule esfuerzos entre el sector público, la industria y la academia. La falta de infraestructura resiliente, talento especializado y capital paciente son obstáculos que deben abordarse con urgencia.
El papel del derecho en la revolución tecnológica
Desde el ámbito jurídico, es esencial analizar cómo México puede fortalecer su sistema de protección de la innovación, mejorar su capacidad de registro de patentes y fomentar un entorno legal que incentive la inversión extranjera directa en tecnología avanzada. La experiencia de países como Alemania, Corea del Sur y China demuestra que una política industrial inteligente puede transformar el rol de una nación en la cadena de valor global.
Además, el avance de la inteligencia artificial en el diseño de hardware plantea nuevos retos legales en materia de propiedad intelectual, responsabilidad tecnológica y regulación de estándares. México debe prepararse para legislar en estos terrenos si desea ser protagonista en la nueva geografía digital.